La Ley de
Servicio Civil aspira a
ordenar el pan demonio de regímenes laborales en el aparato público.
Su reto es despejar el fantasma de la malhadada
“modernización” del aparato público de 1991.
Al igual que ahora, se esgrimieron los argumentos
de meritocracia y concursos, pero fueron despedidos cerca de 200,000 empleados.
Puntillosamente elaborada por el equipo comandado
por Juan Carlos Cortés de Servir, la nueva ley solo aplica para la masa de
empleados públicos en las Leyes 276, 728 y CAS, unas 400 mil personas de un
universo de 1,2 millones.
El traspaso al nuevo régimen es voluntario, pero la
voluntad política de la izquierda por verla fracasar es igualmente manifiesta.
Sobre el papel, los mayores beneficios del
ordenamiento son para trabajadores del régimen 276, que data de 1980.
El sueldo básico de aquellos suele ser ínfimo,
compensado por el CAFAE, y un sinnúmero de compensaciones salariales sin
efectos pensionarios diseñadas para eludir el impacto fiscal del de la hoy
desaparecida “cédula viva”.
Para colmo, el aguinaldo por Fiestas Patrias y
Navidad apenas asciende a S/. 300. Cerca del 40% de los trabajadores en el
marco de la nueva Ley pertenecen aquí.
Entre ellos los líderes sindicales de UNASSE, José
Delgado, del CITE, Winston Huamán, y Domingo Cabrera (CTE).
El siguiente contingente de trabajadores
beneficiados por la nueva LSC son los del CAS –Contrato de Asignación de
Servicios–, promulgado en 2008, que están al margen de beneficios pensionarios,
CTS, y estabilidad laboral.
A su vez, bajo el régimen de la Ley 728, de 1989,
hay un 20% de trabajadores. Estos reciben un aguinaldo equivalente a un
salario, tal como promueve la nueva Ley, pero pierden el derecho al convenio
colectivo y asignación familiar.
Los sindicatos resienten que desaparezcan las
negociaciones colectivas de carácter salarial.
Cortés de SERVIR explicó que, al ser sectoriales,
conspiran contra la naturaleza universal de la norma.
El esquema de la Ley se organiza en función a
“familias de puestos”, que agrupará a las especialidades –contadores,
fiscalizadores, etcétera– en un mismo rango a lo largo y ancho del aparato
público.
Las escalas remunerativas en cada una de las
“familias” se definirán en función al grado de responsabilidad, número de
empleados a cargo y el presupuesto institucional.
Un servidor podrá escalar en el escalafón,
independientemente de la entidad en la que trabaja, alentando la movilidad
profesional.
El gobierno tiene 180 días para reglamentar la Ley.
La tarea consiste en el mapeo de puestos de 2,500
entidades públicas, el diseño de los perfiles profesionales –“toda una ciencia”
de acuerdo a Cortés–, y el mecanismo de las evaluaciones con los candados
explícitos.
Un desafío inmenso que tiene más sentido si se toma
en cuenta que desde 1990 el tamaño de la economía peruana se ha multiplicado
por 8 y desde el 2000 se ha duplicado, mientras que el Estado todavía carga en
buena medida con su estructura anquilosada.
Para llegar al centro se necesita una mochila más
ligera.
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